Según la empresa socia Applicatta, el objetivo primordial de la transparencia política es el de establecer y mantener una relación de confianza entre la ciudadanía y los poderes públicos. La transparencia pública se opone a la opacidad pública y la ilusión financiera, y es un antídoto del fenómeno de la corrupción política.
Es probable que la mayor dificultad que enfrenta un estudio comparativo de transparencia es hallar el instrumento estándar que permita realizar esta comparación. Cada país, en ocasiones cada administración política, establece y define sus propias metodologías para medir el progreso y avances de la aplicación de sus políticas en materias de transparencia y probidad. Es así como intentar comparar el estado de probidad en diferentes países siempre resulta subjetivo. En tal sentido, los resultados de las evaluaciones y registros históricos que realiza la Organización de transparencia internacional representan un verdadero barómetro de los niveles de corrupción en el mundo.
Asumiendo que la corrupción no es lo mismo que la transparencia, sí existe una correlación entre ambos conceptos, entendiendo que la aplicación de leyes, normativas y reglamentos relativos a asegurar el acceso a la información pública debieran generar barreras o al menos dificultar los avances de la corrupción.
Podemos entonces, establecer una relación indirecta entre los resultados registrados por los diferentes países en cuanto a los niveles de corrupción que la organización de transparencia internacional ha registrado anualmente.
La determinación de este índice de corrupción, según lo explica Transparencia Internacional, se realiza en base a encuestas de al menos 13 instituciones independientes de cada país. Estas instituciones están relacionadas con la gobernanza y el clima anual de negocios de su país.
Este registro permite ilustrar gráficamente el índice de percepción de Corrupción por continente y en particular por cada país.
Lo anterior nos ayuda para conocer cuál es el estado de la transparencia de cada país y su comportamiento en los últimos años.
En la gráfica anterior, América alcanza valores similares a los de Asia Pacifico, mientras Europa Occidental lidera los resultados con un 66% de índice de anticorrupción promedio.
Al realizar la comparación entre Costa Rica y Chile, las cifras son las siguientes
Las similitudes entre nuestros países son muy cercanas y ambos representan verdaderas islas en relación con sus países vecinos.
En tal sentido, si bien Chile promulgó la ley de Accesos a la Información pública y probidad, más conocida como Ley de Transparencia, el año 2008, Costa Rica pese a ser novel en estas materias, sus resultados en este índice mundial lo sitúan en una posición expectante.
Luego de cumplida algo más de una década de aplicación de la Ley de Transparencia en Chile, es posible realizar un análisis de aquellos elementos y componentes que han permitido mejorar y sostener estos resultados en el tiempo.
Dos son los elementos que se alzan como los principales responsables de estos resultados en Chile.
1.- Organismo fiscalizador autónomo (CPLT)
Creación de un organismo fiscalizador autónomo, El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha cumplido un rol trascendental al velar por el fiel cumplimiento de la Ley. Si bien en sus primeros años adoptó un rol más bien castigador con aquellos organismos públicos que no cumplían con la Ley, en los años siguientes normalizó y definió los estándares de publicación de datos, realizó amplias campañas de capacitación, de asesorías y seguimiento a todas las instituciones públicas que lo solicitaban.
2.- Plataforma web
El organismo fiscalizador chileno ante la diversidad de herramientas que cada institución debió crear o adaptar para responder oportunamente con la publicación de datos que la Ley de Transparencia les exigía, habilitó una plataforma web única, centralizada, orientada sólo a la publicación de datos públicos, con plantillas normalizadas, con definición de roles y permisos, es decir, un gestor de contenidos de propósito especifico orientado a los datos públicos con criterios de usabilidad, accesibilidad, seguridad y con un modelo de datos que concilia el cumplimiento de la Ley de transparencia y además la posibilidad de acceder a dichos datos en la modalidad de datos abiertos.
Visto los resultados y avances que ambos países han alcanzado, resulta lógico hacernos la pregunta de si es factible aplicar algunas de las experiencias positivas de Chile en Costa Rica. ¿Es posible implementar modelos o sistemas, ampliamente demostrados en otros países y aplicarlos a la realidad nacional de Costa Rica?
Los dos elementos considerados como relevantes en los actuales resultados que muestra Chile, es decir, un organismo fiscalizador autónomo y empoderado junto a una plataforma web única y centralizada, ¿son posible de implementar en Costa Rica?
La respuesta al parecer no es tan difícil de imaginar. En Costa Rica la actividad que desarrolla la DHR junto a otras instituciones tales como la RIT y el mismo CICAP, nos acercan en forma muy similar a lo que realiza el CPLT en Chile.
La segunda parte de esta respuesta radica en identificar dónde podemos hallar una plataforma web, única, centralizada, sin costo para las instituciones, con soporte y asistencia que permita a todas las instituciones cumplir con las exigencias de los dos decretos ejecutivos de Transparencia de Costa Rica. Es aquí donde al parecer es más complejo identificar este instrumento. Cada institución del Estado posee una herramienta propia para publicar este tipo de datos, la gran mayoría, entre ellos los gobiernos locales, usan las mismas herramientas que a diario utilizan para publicar eventos, noticias, o temas propios de la institución.
Instituciones del Gobierno Central, léase, Ministerios, Secretarías y otros organismos, cada uno cumple con las obligaciones de transparencia usando gestores de publicación propios. En pocas palabras, no existe a la fecha una plataforma que centralice, uniforme y normalice los datos a publicar, menos que asegure que estos datos cumplen con los formatos considerados como Datos Abiertos. De hecho, la gran mayoría se publica en formato pdf.
En resumen, esta segunda respuesta debe quedar como una tarea pendiente, las autoridades disponen de las experiencias exitosas de múltiples países y pueden optar por buscar un camino propio o bien seleccionar aquella más cercana ya sea por idiosincrasia, historia o cercanía.
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