"La Ley de Transformación Digital es una reforma ansiada y -por su valor público- requiere de una profunda reflexión a la hora de implementarla. Si bien, la ley debe impulsar el nivel de madurez de las instituciones, determinando procesos, trámites y servicios a modernizar; también obliga a identificar las necesidades de los ciudadanos, definir estándares e idealmente, apoyarse en proyectos similares (nacionales e internacionales) para replicar las buenas prácticas", comenta Felipe Mancini en su columna publicada por Revista El Empresario.

Desde que Internet llegó a nuestras vidas hace un par de décadas, hemos experimentado la irrupción de la “transformación digital”, ese concepto que hoy es tan indispensable para la vida ágil y flexible, y que describe cómo las tecnologías de la información son aplicadas en todos los aspectos de la sociedad humana. Un proceso que se inició con la proliferación del correo electrónico y continuó con la mensajería en línea a través de computadores, teléfonos móviles y tipos de dispositivos portátiles. ¿Quién hoy no es parte de esto?

Probablemente, hace 20 años, los usuarios no hubieran imaginado la penetración de las actuales telecomunicaciones; no muchos apostaban por la tecnología móvil como una herramienta resolutiva para la coordinación de rutinas; quizás era algo demasiado futurista o creían que la conectividad no avanzaría a pasos agigantados, transformando digitalmente los ámbitos cotidianos: hogar, familia, amistad, amor, trabajo, negocio e incluso la administración pública. Hoy, la transformación digital no es a una tendencia, más bien responde a una evolución natural de las organizaciones e instituciones para no quedar atrás ante el avance de los cambios culturales, más aún en el contexto actual del covid-19.

Actualmente, en Chile se impulsa la Ley Nº 21.180 o de Transformación Digital del Estado (LTDE), publicada en noviembre 2019 y cuya meta, a 2024, es la implementación digital y gradual de todos los procedimientos administrativos de las instituciones del Estado, a excepción de los organismos del Poder Judicial y Congreso Nacional. Su reglamento fue presentado en noviembre de 2020 y desde junio pasado se han trabajado estándares de plataformas, comunicaciones oficiales, digitalización, interoperabilidad, expedientes electrónicos y notificaciones.

Respecto a cifras, alcances y metas, en enero de 2019, el Instructivo Presidencial de Transformación Digital del Estado, en su eje Cero Filas, fijó alcanzar un 80% de trámites en línea al 31 de diciembre de 2021 y un 100% al 31 de diciembre de 2023. En julio pasado, ya existían 2.392 trámites digitalizados de 3.431; mientras que en transacciones declaradas en el Registro Nacional de Trámites (RNT) a diciembre de 2020, se registraron 563.836.899, donde el 89,9% se hizo por el canal digital.

No hay duda que los datos son alentadores y la población está adoptando rápidamente el mundo digital: según datos del gobierno de Chile, el 85% de los chilenos usa internet y 10,9 millones tienen activa su ClaveÚnica. Sin embargo, aún quedan desafíos para una implementación exitosa de la Ley de Transformación Digital del Estado. Uno de ellos se relaciona a acceso y educación; si bien confiamos en que la digitalización de los procedimientos públicos otorgará a los ciudadanos mayor certeza, transparencia, seguridad y velocidad en la entrega de servicios, la nueva normativa presupone un dominio digital de toda la población, incluyendo a adultos mayores, personas con escolaridad incompleta, residentes de zonas rurales y otros actores que puedan presentar dificultades a este acceso.

Adicional a los planes para la reducción de la brecha y alfabetización digital, es a su vez relevante considerar lo pendiente al interior del Estado. Un estudio del Servicio Civil, señaló que un 63% de quienes contestaron una encuesta, cree que el avance de la tecnología podría cambiar sustancialmente su trabajo e incluso un 30%, que la transformación digital podría definitivamente eliminar puestos. La data presenta con evidencia un posible riesgo para los buenos resultados de una LTDE; no obstante, se está a tiempo para seducir a los funcionarios públicos y explicarles que ellos son los protagonistas de una revolución que cambiará por completo y de manera positiva la forma en que el Estado se relaciona con la ciudadanía.

Para una íntegra implementación de la LTDE, también hay que trabajar en base a los principios generales relacionados a actos administrativos, como: la neutralidad tecnológica, la actualización de las tecnologías obsoletas o carentes de soporte; la equivalencia funcional -pues tiene la misma validez un documento con firma electrónica que uno en papel-; la fidelidad y preservación del contenido; la interoperabilidad y colaboración entre los distintos órganos públicos. Todo, parte de un proceso crucial, donde el presupuesto no se escapa de la necesidad: el gobierno central podría estar cercano a un gasto de los US$ 66 millones.

La LTDE es una reforma ansiada y por su valor público, requiere de una profunda reflexión a la hora de implementarla. Si bien, la ley debe impulsar el nivel de madurez de las instituciones, determinando procesos, trámites y servicios a modernizar; también obliga a identificar las necesidades de los ciudadanos, definir estándares e idealmente, apoyarse en proyectos similares (nacionales e internacionales) para replicar las buenas prácticas. Por último, mencionar que el proceso incluye uno de los aspectos más importantes del mundo actual, la ciberseguridad: de acuerdo a datos de la firma estadounidense Fortinet, solo durante el primer trimestre de este año, en Chile se registraron 410 millones de intentos de ciberataques, cifra de los 7 mil millones ocurridos en Latinoamérica. Esto último obliga a fortalecer al máximo toda política que permita garantizar un ciberespacio seguro, abierto y resistente; pues allí estarán los datos privados de la ciudadanía.

Felipe Mancini Ruiz-Tagle

Ex Director de Chiletec, CEO de Asimov Consultores y Speaker GOV Days Chiletec

Fuente: Revista El Empresario